Formación programada

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Soluciones destinadas a particulares, autónomos y empresas proveedoras de formación, y a empresas y autónomos que tengan contratado personal laboral a su cargo y coticen en el régimen general de la Seguridad Social en España y ofrezcan formación para sus empleados, tanto de centros de formación del exterior, como interna.

ORGANIZAMOS FORMACIÓN
Somos Entidad Externa (organizadora)
IMPARTIMOS FORMACIÓN
Somos Entidad Impartidora
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Asesoramiento y Formación personalizada

Beneficiarios

Proveedores de formación: particulares, autónomos y empresas.

Empresas y autónomos que ofrezcan formación a sus empleados.

Preguntas frecuentes

El sistema de Formación Bonificada, que se rige por la Ley 30/2015, permite a los empresarios disponer de parte del dinero aportado a la Seguridad Social a lo largo del año anterior, para invertirlo en formación en el año en curso. Este nuevo modelo se adapta perfectamente a la realidad empresarial y permite al empresario decidir, en base a sus necesidades, la formación a impartir a sus trabajadores.

Todas las empresas disponen de un crédito para financiar la formación de sus trabajadores, cuyo importe se obtiene al aplicar a la cuantía ingresada por cada empresa en concepto de cuota de Formación Profesional un porcentaje que anualmente se establece desde la administración. Con ese fondo, a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, las empresas tienen derecho a ofrecer a sus trabajadores acciones formativas para adecuar y/o reciclar los conocimientos de sus trabajadores.

Se financia a través de la aplicación de un sistema de bonificaciones en las cuotas de la seguridad social.

La formación programada está dirigida a trabajadores asalariados que prestan sus servicios en empresas, independientemente del tamaño o sector de éstas.

De esta bonificación quedan excluidos los autónomos, pero no los trabajadores que tengan contratados. Tampoco pueden acceder a la formación bonificada funcionarios y trabajadores en empresas o entidades públicas incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones Públicas.

Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa ha de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Las entidades a las que las empresas encomienden la organización de la formación para sus trabajadores estarán obligadas a comunicar el inicio y finalización de las acciones formativas programadas bajo esta iniciativa ante la Administración cuando así lo acuerden con la empresa, debiendo asegurar, en todo caso, el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas y de las funciones de seguimiento, control y evaluación, así como la adecuación de la formación realizada a la actividad empresarial.

Asimismo, las mencionadas entidades serán las que contraten a la entidad de formación acreditada y/o inscrita que imparta las acciones formativas, salvo en el caso de tratarse de la misma entidad.

Además de estas obligaciones y de las que puedan establecerse reglamentariamente, las citadas entidades deberán facilitar a las empresas para las que organicen la formación de sus trabajadores la documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de las acciones formativas, así como la información necesaria para la correcta aplicación de las bonificaciones por parte de dichas empresas.

Asimismo, deberán someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control que realicen las Administraciones públicas competentes y los demás órganos de control, asegurando el desarrollo satisfactorio de dichas actuaciones.

Es la empresa, pública o privada, acreditadas y/o inscritas en el correspondiente registro, para impartir formación profesional para el empleo.

Estas entidades no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa que les sea adjudicada. A estos efectos, la contratación del personal docente para la impartición de la formación no se considerará subcontratación.

Para el cálculo del coste máximo bonificable por la empresa hay que tener en cuenta los módulos económicos y el tamaño de esta. Lo primero determina el coste máximo bonificable, y lo segundo la cofinanciación privada que debe realizar la empresa.

Las empresas pueden encomendar la organización de la formación a una entidad externa. En este caso la impartición de la formación debe realizarse por una entidad formativa acreditada y/o inscrita en el registro de entidades de formación habilitado por la Administración pública competente.

La empresa beneficiaria de la formación deberá abonar una factura por el coste de la formación a la entidad externa, a la cual facturará los servicios de impartición la entidad de formación.

Esta entidad externa será la que tramite la bonificación que podrá ser reflejada en los pagos a la Seguridad Social en el mes siguiente a la finalización del curso.

Para el cálculo del coste máximo bonificable por la empresa hay que tener en cuenta los módulos económicos y el tamaño de esta. Lo primero determina el coste máximo bonificable, y lo segundo la cofinanciación privada que debe realizar la empresa.

Se entiende por módulo económico el coste por participante y hora de formación que podrá ser objeto de financiación pública y se aplicarán a todas las iniciativas de formación profesional para el empleo.

Actualmente están regulados en base a la modalidad de impartición y el nivel de formación:

· Modalidad presencial: nivel básico: 9 € – nivel superior: 13€
· Modalidad teleformación: 7,5 €
· Modalidad mixta: en función de las horas de formación presencial y teleformación

Todas las empresas de 6 trabajadores o más deben colaborar mediante recursos propios en la financiación de la formación de sus trabajadores. La aportación dependerá del número de trabajadores en plantilla, quedando exentas aquellas empresas que cuentan con menos de diez trabajadores.

Nº de trabajadores Cofinanciación
De 1 a 5 No es necesaria la cofinanciación privada.
De 6 a 9 5 %
De 10 a 49 10 %
De 50 a 249 20 %
Más de 250 40 %

 

La diferencia entre el coste total de la formación y la bonificación aplicada por la empresa constituirá la aportación privada realizada por ésta a efectos de calcular el porcentaje mínimo de cofinanciación que, sobre el coste total de formación, se exige a las empresas.

Esta cofinanciación puede aportarse de dos formas:

· mediante los costes salariales de trabajadores formados por la empresa durante su jornada laboral, que podrán calcular en base a la masa salarial bruta o el coste real de los trabajadores durante la formación, sin necesidad de ningún desembolso económico adicional.
· con la diferencia del coste abonado por la formación y el bonificado

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