De acuerdo a la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, según cita el apartado 3 del Artículo 9. Formación programada por las empresas, las empresas podrán optar por encomendar la organización de la formación a una entidad externa (organizadora), con los siguientes requisitos:

En este caso la impartición de la formación se realizará por una entidad formativa acreditada y/o inscrita en el registro de entidades de formación habilitado por la Administración pública competente a que se refiere el artículo 15.

Ni la actividad de organización ni la de impartición podrán ser objeto de subcontratación. No se entenderá que se ha encomendado la organización de la formación a una entidad externa, cuando la actividad a desempeñar por esta se limite a las funciones de gestión administrativas necesarias para la correcta aplicación de las bonificaciones.

Este trabajo de organización puede financiarse a través de los costes de organización (10-15 o 20% según el tamaño de la plantilla), pero, ¿por qué estos % se aplican a la cuantía que la aplicación permite bonificarse a la empresa y no al coste real que la formación tiene para la empresa?

Según consulta formulada a FUNDAE, los técnicos nos refieren al apartado 3 del Artículo 7. Módulos económicos de la Ley 30/2015, en concreto:

 

 

La interpretación de este concepto se encuentra el las palabras ‘actividad formativa realizada y justificada’, entendiendo por ‘justificada’ la bonificación practicada en base a los módulos económicos establecidos.